Carles Murillo, Co-director del Máster de Gestión y Dirección de Entidades Deportivas

Desde sus inicios, la construcción europea abarca el conjunto de actividades productivas, finanzas y actividades sociales de la población. Desde el punto de vista institucional, los esfuerzos se ha centrado en la creación de los entes y las estructuras organizativas que permitan alcanzar el nivel de despliegue previsto para hacer realidad una Europa unida. Los acuerdos económicos que constituyen la raíz de la actual Unión Europea se han convertido en un modelo de integración comercial que, progresivamente, ha ido añadiendo socios, lo cuales actúan de forma unificada respecto a terceros. No ocurre lo mismo en el ámbito monetario, puesto que sólo una parte de los países de la Unión Europea comparte moneda. En el plano fiscal, como en muchos otros, los comportamientos tampoco son homogéneos.

Los europeos no nos parecemos nada en la forma de utilizar nuestro tiempo libre y, en especial, en lo relativo a la actividad física y el deporte, los cuales conforman uno de los ejes prioritarios de las actuaciones de la Comisión Europea. Es por ello que se aprobó el Plan de Trabajo para el Deporte para 2011-2014, en el que se refuerzan las acciones que deben contribuir a aumentar la presencia del deporte en la sociedad y, en especial, su valor social, así como sus dimensiones organizativa y económica. Uno de los instrumentos que facilitan el diagnóstico y la posterior formulación de recomendaciones son los datos que ofrece periódicamente el Eurobarómetro.

Para explicar las divergencias, entre otros factores, los analistas suelen invocar lo arraigado de las diferencias en la forma de ser y las costumbres de los europeos. En este sentido, resultan muy clarificadores los datos del último Eurobarómetro, correspondiente al pasado mes de marzo. El 41% de los europeos practica deporte como mínimo una vez a la semana, si bien esta proporción asciende al 48% si le añadimos los que afirman realizar algún tipo de actividad física. Por otra parte, el porcentaje de personas que jamás hacen deporte crece ligeramente. Existen diferencias significativas entre colectivos: los hombres y la población con una edad comprendida entre los 15 y los 24 años hacen más deporte que las mujeres y, sobre todo, que la gente mayor. Los habitantes de los países del norte de Europa son más activos: la proporción de población que hace ejercicio o deporte supera el 58% del total.

Los países del sur de Europa se sitúan en la cola de esta clasificación, si bien Francia y España se encuentran casi en la media europea. Como en muchos otros aspectos de la economía real, en los hábitos deportivos hay diferencias entre los europeos.
Una de las cuestiones más controvertidas en este ámbito es cómo justificar la intervención pública en el sistema deportivo. Las políticas públicas europeas aspiran a que la mayoría de la población acceda a la práctica deportiva y a la actividad física, en especial los grupos más desfavorecidos. Por sus características, la práctica deportiva es más un bien privado o cuasipúblico que un bien público en sentido estricto. Sin embargo, a la hora de hablar del consumo de bienes y servicios deportivos no resulta recomendable generalizar, puesto que se trata de un mercado que reúne elementos tan diferentes como la actividad física en un centro deportivo, la compra de material y ropa deportiva o la cuota periódica para participar en una competición no profesional. Lo que sí resulta cuestionable desde el punto de vista de sus implicaciones para la justificación de la intervención pública es la generación de externalidades positivas relacionadas con la práctica deportiva.

Los valores asociados a los hábitos deportivos tienen efectos colaterales que se traducen, por ejemplo, en la mejora del estado de salud, la adquisición de formas de trabajo en equipo y reconocimiento de la cultura del esfuerzo, entre otros. Posteriormente, estos efectos se transforman en competencias y habilidades que suelen estar reconocidas en el ámbito profesional y familiar.

Los objetivos de las políticas públicas se ponen al alcance de sus beneficiarios con instrumentos tan variados como la ordenación de la oferta de instalaciones y equipamientos deportivos en el territorio, la ayuda a la financiación del coste de su construcción y mantenimiento y las ayudas destinadas a las entidades deportivas (clubes, asociaciones y federaciones) y las competiciones. Estas políticas resultarán eficientes en la medida en que los consumidores de los servicios de centros y los clubes deportivos no sean sensibles a los cambios en los precios.

La crisis económica y el aumento del tipo impositivo que graba los precios de las cuotas de los socios ha reducido la capacidad adquisitiva de numerosas familias, y la subida se ha repercutido, total o parcialmente, en el precio de los servicios de los centros deportivos. Los analistas demuestran empíricamente que las ayudas a la financiación de instalaciones y equipamientos tienen un impacto mayor sobre el sector que los precios.

Así las cosas, la conclusión es que las ayudas públicas tienen más sentido en la medida en que sirven para ordenar territorialmente la oferta y eliminar barreras de acceso a la práctica deportiva que como instrumento para la reducción de los costes operativos de los centros ya existentes, que suelen actuar en régimen de monopsonio e incluso de monopolio. Los colectivos más desfavorecidos económica y socialmente, la promoción del deporte y el interés por extender los hábitos de la población en las disciplinas deportivas, con una mayor elasticidad-precio, son algunas de las excepciones a esta recomendación. En estos casos, las intervenciones públicas para reducir el precio de los servicios tendrían un efecto positivo que acercaría la solución al ideal social deseado.
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Carles Murillo Fort

Co-Director del Máster en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas